# CGR D440N26 - Ley Karin; Copias de sumarios afinados; Datos sensibles
> [!ficha] Ficha del dictamen
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> | **Órgano** | Contraloría General de la República |
> | **Dictamen** | N° D440, de 2026 |
> | **Fecha** | 23 de octubre de 2026 |
> | **Estado** | Vigente |
> | **Fuente oficial** | [Ver dictamen en contraloria.cl](https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/dictamenes/D440N26/html) |
> | **Temas tratados** | #MALS_Sector_Público #Sumario_Administrativo #Datos_Sensibles #Acceso_Datos #Expediente_Sumario_Administrativo #Protección_Datos_Personales |
![[Template - Aviso de excención de responsabilidad]]
> [!criterio] ¿Puede un servicio público entregar a terceros copias de un sumario por acoso laboral o sexual (Ley Karin) que ya terminó?
> - No, salvo que los intervinientes titulares de los datos personales y sensibles contenidos en el expediente autoricen su tratamiento.
> - Sin esa autorización tampoco procede entregar copias con esos datos disociados, extraídos o cancelados, cualquiera fuere la causal de término del proceso, incluido el sobreseimiento ([[#^iii4|¶ III]], [[#^iii5|¶ III]]).
## 🔍 Análisis
### Hechos relevantes
- La Municipalidad de Providencia consultó si procede entregar copias de los expedientes de los procesos sumariales instruidos por denuncias de acoso laboral o sexual o de violencia en el trabajo conforme a la ley N° 21.643, cuando a su término se haya dispuesto su sobreseimiento ([[#^i1|¶ I]]).
- El Ministerio del Trabajo informó que los órganos deben abstenerse de entregar copia de esos expedientes aun cuando se encuentren afinados, sin distinguir su fecha de inicio ni su causa de término, y que el tarjado de datos personales y de contexto resulta insuficiente ([[#^i2|¶ I]]).
### Problema jurídico
- ¿Procede que los órganos de la Administración entreguen a terceros copias de los expedientes sumariales afinados instruidos por acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo, y en qué condiciones?
### Normas aplicables
- **Ley 21.643.** Introduce el principio de confidencialidad, junto con los de imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, en los procedimientos disciplinarios ([[#^ii1|¶ II]]).
- **Ley 18.575, art. 46, inc. 2°; Ley 18.834, art. 119; Ley 18.883, art. 118.** Son los preceptos donde la ley N° 21.643 incorporó esos principios ([[#^ii1|¶ II]]).
- **Ley 18.834, art. 137, y Ley 18.883, art. 135.** Establecen el secreto del sumario hasta la formulación de cargos ([[#^ii2|¶ II]]).
- **Ley 20.285, arts. 5°, 11 letra e), 21 N° 2 y 33 letras a) y j).** Fundan la publicidad del expediente afinado, el principio de divisibilidad, la causal de reserva por afectación de la vida privada y las atribuciones del Consejo para la Transparencia ([[#^ii3|¶ II]], [[#^ii4|¶ II]], [[#^ii7|¶ II]], [[#^ii9|¶ II]]).
- **Ley 19.628, arts. 2° letras f), g), l) y o), y 10.** Definen datos personales, datos sensibles, disociación y tratamiento, y prohíben tratar datos sensibles sin autorización legal o consentimiento del titular ([[#^ii5|¶ II]], [[#^ii6|¶ II]]).
- **Ley 21.719.** Equipara secreto y confidencialidad en el tratamiento de datos y mantiene la regla del artículo 10 en el nuevo artículo 16 de la ley N° 19.628 ([[#^ii10|¶ II]], [[#^iii2|¶ III]], [[#^iii4|¶ III]]).
- **Constitución Política, art. 8°, inc. 2°.** Consagra el principio de publicidad, de aplicación preeminente en los procedimientos sumariales ([[#^iii3|¶ III]]).
### Razonamiento
1. La ley N° 21.643 incorporó de manera expresa ==el principio de confidencialidad en todos los procesos sumariales==, tengan o no por causa hechos de acoso, y para el tratamiento de datos el legislador hizo equivalentes las expresiones =="secreto o confidencialidad"== ([[#^iii1|¶ III]], [[#^iii2|¶ III]]).
2. Una vez totalmente tramitado el proceso, el expediente pierde la connotación de secreto y queda sujeto al principio de publicidad, de modo que, habida cuenta de la excepcionalidad de la confidencialidad y del principio de divisibilidad, los expedientes de los procesos disciplinarios afinados ==pueden entregarse a terceros previa disociación, extracción o cancelación de los datos personales== ([[#^ii3|¶ II]], [[#^iii3|¶ III]]).
3. En los procesos regidos por la ley N° 21.643, la naturaleza de datos personales y sensibles de sus antecedentes requiere un mayor resguardo, por lo que se aplica el ==artículo 10 de la ley N° 19.628==, que impide su tratamiento, lo que comprende comunicarlos, a menos que una ley lo autorice o se obtenga el consentimiento del titular ([[#^ii5|¶ II]], [[#^iii4|¶ III]]).
4. Conforme a la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, no procede la comunicación, disociación, extracción o cancelación de esos datos para entregar copias a terceros, a menos que el órgano obtenga la autorización de los intervinientes titulares, cualquiera fuere la causal de término ([[#^ii4|¶ II]], [[#^iii5|¶ III]]).
### Decisión
- El dictamen complementa, en lo pertinente, el dictamen N° 10.731, de 2012, y toda la jurisprudencia administrativa relacionada con la materia ([[#^iii6|¶ III]]). La Contraloría precisa que la entrada en vigor de la ley N° 21.719, diferida al 1 de diciembre de 2026, no altera sustancialmente su análisis y conclusiones ([[#^ii10|¶ II]]).
## 💡 Relevancia práctica
- Los municipios y servicios públicos que reciban solicitudes de copias de sumarios afinados por acoso laboral o sexual o por violencia en el trabajo deben requerir la autorización de los intervinientes titulares de los datos antes de entregarlas, y sin ella corresponde denegar el acceso invocando el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, incluso si el proceso terminó por sobreseimiento.
- El tarjado de los datos no es una alternativa válida en estos procesos. En los sumarios por otras causas, los servicios deben entregar las copias a los terceros que las soliciten previa disociación, extracción o cancelación de los datos personales, por el medio manual o tecnológico de que dispongan. Para los intervinientes en un proceso por Ley Karin, el criterio asegura que sus datos no serán comunicados a terceros sin su consentimiento. Los terceros interesados deben contar con que la procedencia de su solicitud dependerá de esa autorización.
> [!comentario] Comentario del autor
>- El dictamen adopta una posición intermedia entre la del Ministerio del Trabajo, que proponía negar toda entrega, y la del Consejo para la Transparencia en el amparo rol N° C7692-25, que admitió la entrega de sumarios afinados con tarjado de los datos identificatorios, de contexto y sensibles.
>- La clave del criterio está en que la definición legal de ==tratamiento incluye la operación de disociar==, de modo que el propio tarjado queda sujeto al consentimiento del titular cuando recae sobre datos sensibles.
>- Como el Consejo es el órgano que resuelve los amparos por denegación de acceso, queda por ver cómo convivirán ambos criterios si un tercero reclama ante él la negativa de un servicio que siguió este dictamen.
## 🔗 Relaciones
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| [[Jurisprudencia/Administrativa/Contraloría General República/CGR D107N26 - Ley Karin; Sumario administrativo; Ejercicio potestad disciplinaria y procesales.md\|CGR D107N26 - Ley Karin; Sumario administrativo; Ejercicio potestad disciplinaria y procesales]] | Mencionado en esta ficha | <ul><li>#MALS_Sector_Público</li><li>#Sumario_Administrativo</li></ul> | 2026 |
| [[Jurisprudencia/Administrativa/Contraloría General República/CGR D73N26 - Ley Karin; Funcionarios a honorarios; Acoso laboral honorarios.md\|CGR D73N26 - Ley Karin; Funcionarios a honorarios; Acoso laboral honorarios]] | Mencionado en esta ficha | <ul><li>#MALS_Sector_Público</li><li>#Sumario_Administrativo</li></ul> | 2026 |
| [[Jurisprudencia/Administrativa/Contraloría General República/CGR E30538N25 - Ley Karin; Sanciones posibles; Protocolos internos; Perspectiva de género.md\|CGR E30538N25 - Ley Karin; Sanciones posibles; Protocolos internos; Perspectiva de género]] | Mencionado en esta ficha | <ul><li>#MALS_Sector_Público</li><li>#Sumario_Administrativo</li></ul> | 2025 |
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## 📄 Texto del dictamen
N° D440 Fecha: 23-10-2026
### I. Antecedentes
La Municipalidad de Providencia solicita un pronunciamiento sobre si procede entregar copias de los expedientes correspondientes a los procesos sumariales instruidos en razón de denuncias formuladas por acoso laboral o sexual o de violencia en el trabajo, acorde con la ley N° 21.643 -denominada “Ley Karin”-, cuando, a su término, se haya dispuesto su sobreseimiento. ^i1
Requerido su informe, el Ministerio del Trabajo expresó que la citada ley N° 21.643 introdujo un cambio en el régimen de protección de la privacidad de las personas intervinientes en los mencionados procesos sumariales, siendo obligatorio guardar el principio de confidencialidad en los mismos. Por ello, los órganos de la Administración del Estado deben abstenerse de entregar copia de los respectivos expedientes, aun cuando aquellos se encuentren afinados y sin distinguir en torno a su fecha de inicio ni a su causa de término, en armonía con la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia en el amparo rol N° C11223-24, y resultando insuficiente el tarjado de datos personales y de contexto para cumplir el estándar de dicha modificación legal. ^i2
### II. Fundamento jurídico
La reseñada ley N° 21.643 introdujo en el artículo 46, inciso segundo, de la ley N° 18.575, y en los artículos 119 de la ley N° 18.834 y 118 de la ley N° 18.883, los principios que deben regir los procedimientos disciplinarios en general, esto es, los de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. ^ii1
A su turno, se debe tener en cuenta que los artículos 137 de la ley N° 18.834 y 135 de la ley N° 18.883 precisan que el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa. ^ii2
Al respecto, cabe hacer presente que el dictamen N° 10.731, de 2012, resolvió que, según lo establece el artículo 5° de la ley N° 20.285, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, lo que implica que, una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento, como el expediente sumarial, pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad al que se refiere dicho precepto, concluyendo que desde ese instante es procedente para los terceros interesados requerir de la autoridad copia de esa documentación. ^ii3
Luego, se debe recordar que el artículo 21 de esa Ley de Transparencia contiene las únicas causales de secreto o reserva que autorizan para denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre ellas y según su N° 2, el caso en el que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de, entre otros, la esfera de su vida privada. ^ii4
Ahora bien, el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, define los datos personales como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables”, precisando, en su letra g), que los datos sensibles son “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”, los cuales, de conformidad con el artículo 10, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que, en lo que interesa, la ley lo autorice o exista el consentimiento del titular. ^ii5
Asimismo, ese artículo 2° conceptualiza, en su letra l), al procedimiento de disociación de datos como “todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable”, y en su letra o), el tratamiento de datos como “cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma”. ^ii6
En otro orden de consideraciones, el artículo 33 de la Ley de Transparencia contempla, en sus letras a) y j), entre las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, las de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de ese texto normativo, y la de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la ley tengan carácter de secreto o reservado, respectivamente. ^ii7
A su respecto, es del caso apuntar que, en el marco del amparo rol N° C11223-24, y con fecha 4 de febrero de 2025, ese órgano colegiado estimó que, respecto de los procesos disciplinarios en materia de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, en atención a la sensibilidad de sus diversos antecedentes, se configuraba la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación podía generar una afectación o daño presente o probable y con suficiente especificidad- a la esfera de su vida privada, su honra y protección de datos personales de los intervinientes y titulares de datos. ^ii8
Asimismo, en el amparo rol N° C7692-25, concluyó que, sin perjuicio de lo señalado en los referidos artículos 137 de la ley N° 18.834 y 135 de la ley N° 18.883, y acorde con lo previsto en las leyes Nos 19.628 y 20.285, resultaba procedente la entrega de investigaciones sumarias y sumarios administrativos afinados a terceros, previa reserva de los antecedentes que permitieran la identificación de víctimas, testigos, denunciantes o inculpados, así como datos de contexto o sensibles, mediante el tarjado de los mismos, previsto en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, que prevé que conforme al principio de la divisibilidad, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. ^ii9
Por último, conviene hacer presente que parte de la preceptiva contenida en las reseñadas leyes Nos 19.628 y de Transparencia ha sido modificada por la ley N° 21.719 -que Regula la Protección y el Tratamiento de Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales-, cuyo artículo primero transitorio difiere su entrada en vigor al 1 de diciembre de 2026, sin que, en todo caso, se altere sustancialmente el análisis y conclusiones del apartado que sigue. ^ii10
### III. Análisis y conclusión
Expuesto el anterior marco jurídico, se desprende que la ley N° 21.643 incorporó de manera expresa el principio de confidencialidad en la tramitación de los procesos sumariales que instruyan los órganos de la Administración del Estado, respecto de todo tipo de investigaciones, tengan o no por causa hechos constitutivos de acoso sexual o laboral. ^iii1
En ese orden, cabe puntualizar que, si bien dicha preceptiva no define tal principio, cabe considerar que la ley N° 21.719 sustituye el artículo 3° de la ley N° 19.628, estableciendo los principios que rigen el tratamiento de datos, entre ellos, el de confidencialidad, señalando que el responsable de datos personales y quienes tengan acceso a estos deberán guardar “secreto o confidencialidad” acerca de los mismos, de lo cual se desprende que, al menos para tal fin, el legislador hizo equivalentes tales expresiones. ^iii2
Ahora bien, considerando que, en general, en los procedimientos sumariales tiene una aplicación preeminente el principio de publicidad -principio, cabe recordar, consagrado en el artículo 8°, inciso segundo, de la Carta Fundamental-; habida cuenta de la excepcionalidad del principio de confidencialidad, y acorde con el mencionado principio de divisibilidad, esta Contraloría General debe concluir que resulta necesaria la disociación, extracción o cancelación de los datos personales que se contengan en los expedientes correspondiente a los procesos disciplinarios afinados, a través del mecanismo manual o tecnológico de que se disponga, con la finalidad de proceder a la entrega de las copias respectivas a los terceros que las soliciten omitiendo dichos datos. ^iii3
En cambio, en lo que atañe a los procesos disciplinarios por acoso sexual o laboral o violencia en el trabajo regidos por la referida ley N° 21.643, y considerando la naturaleza de datos personales y sensibles que reviste la información contenida en tales antecedentes, se estima que su reserva y cautela requiere un mayor resguardo, siendo, por tanto, aplicable lo previsto en el referido artículo 10 de la ley N° 19.628, que impide su tratamiento -lo que comprende comunicarlos-, a menos que una ley lo autorice o se obtenga el consentimiento del titular, norma que se mantiene en el nuevo artículo 16 incorporado por la citada ley N° 21.719. ^iii4
Por tanto, y conforme a lo prescrito en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, no resulta procedente la comunicación, disociación, extracción o cancelación de dichos datos de los aludidos expedientes sumariales afinados, a fin de proceder a la entrega de sus copias a los terceros interesados que las soliciten, a menos que el órgano administrativo obtenga la autorización de su tratamiento por parte de los intervinientes titulares de esos datos, cualquiera fuere la causal de término de tales procesos. ^iii5
Compleméntase lo manifestado, en lo pertinente, en el referido dictamen N° 10.731, de 2012, y en toda la jurisprudencia administrativa relacionada con la materia. ^iii6
Saluda atentamente a Ud.,
VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor General de la República (S)
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